by Ileanexis Vera Rosado
Por El Vocero
El economista Gustavo Vélez, el presidente de la Asociación de Industriales Rodrigo Masses, el economista José J. Villamil y el exgobernador Luis Fortuño, quien fue el moderador del foro económico celebrado en la Universidad Ana G. Méndez.
El Índice de Libertad Económica (ILE) de Puerto Rico para 2018 coloca a la Isla en un nivel limitado al registrar 61 puntos, a un escaso margen por debajo del promedio (61.1), mientras su competitividad está detrás de otras jurisdicciones en la región, arrastrada principalmente por los indicadores gubernamentales.
Países como Hong Kong (90.2), Singapur (88.8) y Nueva Zelandia (84.2) ocupan la cabecera en el índice, y cabe señalar que dos de estas son islas muy parecidas en tamaño y población a Puerto Rico. Estados Unidos alcanza los 75 puntos. En Latinoamérica, Chile ostenta el liderato con 75.2 puntos.
El ILE fue creado en 1995 por Heritage Foundation y The Wall Street Journal, y en la Isla los datos fueron manejados por la firma Inteligencia Económica, que preside el economista Gustavo Vélez para poder hacer una comparación. En el índice oficial internacional no se incluye a la Isla.Según Vélez, este índice refleja doce años de estancamiento estructural producto del fracaso de las políticas públicas del gobierno central, la poca claridad de las reglas y el amplio tamaño del gobierno. Afirmó que dicho estancamiento es lo que ha conducido a la merma en producción, población y empleos.
El ILE evidencia que aquellos elementos donde el gobierno interviene de manera directa suelen ser los más rezagados, como en el área de los impuestos, integridad gubernamental y el costo de hacer negocios en la Isla. Sin embargo, elementos que descansan en el sector privado presentan números por encima de los 80 puntos, como lo son el intercambio comercial, la inversión y lo financiero, donde -contrario a lo imaginado- la aprobación de la ley Promesa y la imposición de la Junta Federal de Control Fiscal, generaron confianza al plantear que la situación fiscal es atendida.
“Al analizar los resultados del estudio y compararlos con otras jurisdicciones vemos que Puerto Rico tiene una libertad económica limitada y que su potencial de crecimiento económico está siendo afectado por un ambiente de negocios lleno de retos, impuestos altos y déficits fiscales recurrentes”, explicó Vélez.
Vélez dijo que las reformas estructurales son necesarias para aumentar la competitividad económica de Puerto Rico, lo cual incluye cambios en el área contributiva, fiscal, bienestar social y laboral.
El exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, al igual que el economista José J. Villamil y el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses, que participaron en el foro, coincidieron en que la Isla se encuentra en un proceso de transición, por lo cual corresponde cambiar el discurso y abrirse al mundo. Mencionaron que es fundamental incursionar en el cabotaje aéreo, que las empresas locales se inserten en la Ley 20 y se abran paso en la exportación, particularmente en el área de servicios mediante el uso de la tecnología. “La tecnología hoy está muy avanzada y tiene toda la oportunidad de expandirse”, afirmó Fortuño. Se le preguntó sobre cómo evalúa el manejo del gobierno y de la junta fiscal en el tema económico y fiscal, y cómo ve un cambio de miembros en el ente regulador, pero rehusó hacer expresión alguna.
Para Villamil, el problema de la Isla estriba es un marco institucional obsoleto, diseñado para una economía y sociedad que ya no existe. Coincide, además, con la posición de Vélez, quien se ha reafirmado en la falta de voluntad gubernamental para ejecutar.
Como parte de las recomendaciones mencionadas para expandir la libertad económica, están la integridad gubernamental basada en mejorar la remuneración a los empleados públicos, crear transparencia y apertura en el gasto público, reducir la burocracia, reemplazar los subsidios regresivos y distorsionantes por transferencias de efectivo, y optimizar el uso de tecnología en los procesos de gobierno. A ello sumaron, la integridad judicial basada en fortalecer la supervisión interna dentro de la judicatura, modernizar los sistemas de administración de los tribunales, facilitar la divulgación de información y el seguimiento público de los juicios y crear un sistema no político partidista para seleccionar los jueces y los fiscales. En la libertad comercial, volvió a salir a relucir la necesidad de abolir las Leyes de Cabotaje.
