La Cámara de Representantes aprobó hoy el informe del comité de conferencia del proyecto de ley que establece el marco regulatorio y la política pública para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Aunque hubiese preferido que el Proyecto del Senado mantuviera como obligación el precio del kilovatio por hora a 20 centavos, el representante Víctor Parés se expresó complacido con el hecho de que la medida incluye lenguaje para que este precio tarifario sea un objetivo y no una imposición a los posibles proponentes.
La votación fue partidista.
“Dentro de este trámite legislativo se negocia y obviamente el proyecto es importante y había que aprobarlo y cedimos en esa parte”, dijo Parés, quien atendió la medida en la Cámara.
El legislador, sin embargo, recordó que la Ley 120-2018 contiene varias garantías que le dan garras adicionales a la Asamblea Legislativa para evitar una tarifa energética que sobrepase la métrica incluida en el marco regulatorio.
Dijo que, en el caso de la compra de activos de la AEE para la generación de energía, el contrato tiene que ir ante la consideración de ambas cámaras antes de llevarlo a votación final.
Mientras, en el caso de las concesiones para la transmisión y distribución de energía, dichos acuerdos tienen que ser avalados por la junta de directores de las Alianzas Público Privadas (APP), donde tanto la Cámara como el Senado tienen representantes con autoridad de veto.
“Tenemos la garantía de que, si eso ocurriese, tanto la Cámara como el Senado tienen la discreción de decir que no hasta que haya un acuerdo que satisfaga al consumidor puertorriqueño”, señaló Parés.
El legislador no descartó enmiendas adicionales al proyecto, así como tampoco la radicación de legislación adicional. “Según vaya corriendo el proceso, que vayamos viendo como se va abriendo el mercado, quizás haya que enmendarlo”, argumentó.
Como parte de las negociaciones, la medida incluye lenguaje de la Ley 76-2000 que le permite al gobernador reducir los términos para el trámite de los permisos para la construcción de proyectos de fincas solares que surjan como consecuencia de estados de emergencia.
