by Sharon Minelli Pérez
Por El Nuevo Día
Rick Scott, quien en enero tomó posesión como senador republicano por Florida, aseguró ayer que va a “hacer lo que esté en mi poder” para adelantar en Washington los temas de mayor inquietud para Puerto Rico, como el acceso a fondos de salud y de reconstrucción.
“Puerto Rico es muy importante para mí. Estoy aquí para escuchar y ver cómo puedo ayudar”, afirmó el exgobernador de Florida, durante el conversatorio que sostuvo con líderes del sector privado en la sede del Departamento de Estado en el Viejo San Juan, como parte de la que fue su primera visita como senador federal.
Sobre las acciones que está dispuesto a tomar mencionó que “puedo trabajar en legislación, puedo hacer acercamientos a la Casa Blanca o a miembros del gabinete (del presidente Donald Trump)”.
Para ello, pidió a los representantes de los distintos gremios e industrias presentes a preparar y someter a su oficina resúmenes concretos sobre qué hace falta y por qué, para hacerlo todo “más fácil”.
“Sean específicos”, urgió.
Jaime Pla, de la Asociación de Hospitales, abrió la discusión sobre los fondos para Medicare y Medicaid. Dijo estar optimista de que la acción de Scott y de su correligionario Marco Rubio dé paso a “obtener una solución permanente en vez de ir allá (a Washington DC) cada año” a presionar por los fondos necesarios.
Por su parte, Rick Shinto, principal ejecutivo de InnovaCare, alertó que se utilizan cálculos errados sobre la cobertura que necesita Puerto Rico. A esto, Scott le pidió preparar un documento en el que incluya la fórmula actual versus cómo estima que debería ser, para él dar seguimiento.
“Estamos muy optimistas por el dinero de Vivienda federal (HUD), pero ya ha pasado un año y medio desde el huracán María. La gente ya está construyendo a su forma, sin código. Necesitamos su ayuda”, afirmó, por su parte, Nory Rivera, directora ejecutiva de la Asociación de Constructores, sobre la lentitud en el desembolso de fondos de reconstrucción. Los primeros $1,500 millones de CDBGDR fueron liberados este pasado fin de semana.
Rivera levantó bandera, además, sobre la disparidad en las tarifas de alquiler que se utilizan para los vales de Sección 8, ya que en las Islas Vírgenes Estadounidenses a una familia se le autorizan $1,200 de renta por el mismo espacio que en Puerto Rico recibe $750.
Por su parte, el presidente del la Asociación de Contratistas Generales (AGC-PR), Alejandro Abrams, denunció que FEMA ya ha recortado partidas de fondos prometidos y ha cambiado constantemente la interpretación de guías. Con esto coincidió Carlos Mercader, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, quien explicó los pormenores a Scott.
Ante esta denuncia, el senador se comprometió a indagar por qué FEMA revirtió su decisión previa de autorizar proyectos que mejorarían instalaciones destruidas por el huracán, en vez de sencillamente construirlas tal como estaban antes del desastre.
Por el lado de la Asociación de Industria Farmaceútica, conocida como PIA, la petición fue explorar cómo menguar los golpes que la reforma tributaria federal supone para las multinacionales de este sector.
En la mesa también hubo representantes del Colegio de CPA, MIDA, del comercio al detal y hoteles, entre otros.
