by El Nuevo Día
Tras una prolongada incertidumbre por la falta de recursos para mitigar los daños provocados por el huracán María, la liberación de $1,500 millones, correspondientes a la primera partida de fondos federales para la reconstrucción bajo el Programa de Desarrollo Comunitario (CDBG-DR), abre una gran ventana de oportunidad para incentivar la economía de Puerto Rico.
La ocasión le permite al gobierno local demostrar su capacidad para poner en vigor controles estrictos para el uso de los dineros. La rendición de cuentas sobre el manejo de los fondos garantizará la liberación de otras partidas necesarias para reconstrucción, muy particularmente de las infraestructuras eléctrica, vial y pluvial.
La asignación de $1,500 millones supone un impacto directo en la vida de miles de ciudadanos y comunidades vulnerables. Entre otros, los fondos están destinados a la rehabilitación de viviendas unifamiliares, así como a la reubicación de comunidades enclavadas en zonas de alto riesgo en caso de fenómenos naturales.
Los desembolsos federales están contemplados entre las fuentes de ingreso que impulsarían el crecimiento económico. A esos efectos, el gobierno tiene que demostrar que puede cumplir sin dilación con los requerimientos de información técnica y estudios compulsorios para encaminar los distintos proyectos, según las estipulaciones federales. En esa tarea, será crucial que el gobierno isleño refuerce alianzas con expertos en ingeniería, mitigación y protección de recursos, entre otros, para facilitar las obras.
En este periodo crítico, deficiencias burocráticas estatales que limiten, por ejemplo, la presentación de una declaración de impacto ambiental u otros permisos compulsorios para encaminar proyectos, tienen resultados muy negativos. El momento, por tanto, exige identificar a nivel estatal qué peritos u otros recursos hacen falta para agilizar los procesos.
La confirmación de los $1,500 millones de CDBG-DR para Puerto Rico permitirá invertir en la construcción de vivienda de interés social, proveer asistencia para alquiler de hogares y facilitar concesiones de títulos de propiedad. De ese fondo se identificó una asignación global de $20,000 millones para Puerto Rico. Pero no hay certeza de cuándo se producirá la próxima liberación, estimada en $4,000 millones. Estos dineros se contemplan para inversiones de entrenamiento laboral, creación de incubadoras de pequeñas empresas y préstamos renovables para construcción, entre otros.
La respuesta federal inicial al desastre incluyó fondos para la remoción de escombros, la instalación de toldos, la repartición de víveres y agua, el aumento en $1,200 millones al Programa de Asistencia Nutricional y $300 millones en subvenciones a patronos para el pago de nómina.
Estas ayudas, sin ser recurrentes, se han vinculado a leves repuntes económicos. La interrupción del flujo de los fondos para la recuperación pudiese propiciar una contracción económica.
El posible agotamiento, en marzo, de fondos federales asignados en la etapa inmediata tras el paso del huracán, incluidos la ayuda adicional del PAN, hace más necesario garantizar la pronta ejecución de las iniciativas concernientes a la liberación de los $1,500 millones, anunciada por el Departamento de la Vivienda de Estados Unidos.
Además, corresponde al gobierno demostrar la necesidad de fondos para otros programas de mejoras permanentes a la infraestructura, incluidos los planteles escolares. La reducción a $400 millones en la partida de $1,400 millones originalmente considerada para la reparación de escuelas, debe mover al ejecutivo a documentar en detalle las necesidades, en busca de la reconsideración por parte de FEMA.
Puerto Rico tiene que apuntalar las bases de una recuperación sostenida. El flujo de capital recién liberado permite encaminar la reconstrucción con paso firme. El desempeño eficiente del gobierno, en colaboración con el sector privado y una sólida fuerza de trabajadores, permitirá adelantar la recuperación que el país merece. Read the English version of this editorial at endi.com.
