by Marga Parés Arroyo
Por El Nuevo Día
El renovado plan para empleados públicos del gobierno central y corporaciones públicas comenzará en abril
Cinco de siete aseguradoras que aspiraban a administrar la cubierta de salud para los empleados públicos fueron seleccionadas por el gobierno para el nuevo producto proyectado para comenzar el 1 de abril.
First Medical, Mapfre, el Programa de Servicios de Salud de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (Prossam), Triple-S y el Plan de Salud Menonita fueron las compañías de seguro escogidas para la cubierta médica diseñada para empleados de gobierno elegibles a entrar a un plan de beneficios de salud bajo la Ley 95.
Por “virtud de ley”, el Plan de Salud Vital será la sexta compañía de seguros se une a esta gama de aseguradoras disponibles para la selección de los empleados públicos, según explicó Ángela Ávila, directora de la Administración de Seguros de Salud (Ases).
“Las primas (costo por miembro por mes) varían de $200 a $700. Esa distribución da la certeza de una oferta suficiente (para la selección del empleado)”, dijo Ávila.
Según explicó, todas las aseguradoras escogidas deben tener una cubierta obligatoria que incluya todos los servicios de salud esenciales requeridos (health essential benefits) a nivel federal. Además, cada compañía debe tener dos productos adicionales con diferencias en la frecuencia permitida en servicios y en el modelo de acceso, entre otros factores.
“El 26 de enero, salió el aviso de adjudicación bajo la Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés)”, dijo Ávila, quien indicó que esto abre la puerta a un período de 20 días por si surge una petición de impugnación. De las siete aseguradoras que sometieron RFP, la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS) y Golden Cross no fueron elegidas para la cobetura.
Posteriormente, del 21 de febrero al 12 de marzo será el período de campaña entre las aseguradoras seleccionadas para que los empleados públicos hagan su selección y se inscriban.
Ávila indicó que la cubierta del Plan de Salud Vital que se les ofrece a los empleados públicos es exactamente igual a la diseñada para los asegurados del Plan de Salud del Gobierno. Sin embargo, los empleados públicos que se acojan a ella tendrán que incurrir en unos copagos más altos.
Por otra parte, Ávila comentó que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) aún no ha concluido su análisis sobre el impacto de la Ley 26 sobre los empleados de corporaciones públicas. En junio del año pasado, la Aafaf anunció que, según la Ley 26 de 2017 (Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal), a partir de enero de 2019, se centralizaría la negociación y contratación de los planes médicos de empleados públicos, incluidos los de corporaciones públicas.
En noviembre pasado, el gober- nador Ricardo Rosselló anunció que extendería hasta marzo la aportación patronal que reciben los empleados de las corporaciones públicas.
Bajo la Ley 26, el Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) establece una reducción en la aportación patronal al plan médico de los empleados de las corporaciones públicas.
Según se ha informado, se espera que las aportaciones patronales al plan médico de empleados de corporaciones públicas disminuyan entre $100 y $125 por persona por mes, cuando algunos empleados recibían una aportación patronal mensual de más de $900 para el plan médico.
Según informó Ávila, los empleados del gobierno central suscritos a un plan de beneficios de salud bajo la Ley 95 son unos 170,000 (sin incluir sus dependientes), mientras que los empleados de corporaciones públicas son casi 40,000.
