El presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, indicó que la revisión del Código Civil tiene que cumplir con el estado de derecho vigente. (Juan Luis Martínez)
La Cámara de Representantes podría aprobar, la semana próxima, el proyecto de ley que establece el marco regulatorio y la política pública para la privatización y la venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica(AEE), confirmó el líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez.
Esta pieza legislativa, junto a otros proyectos de administración -como el nuevo Código de Incentivos- es una de las medidas prioritarias que se atenderán durante la sesión legislativa que inicia hoy, a la 1:00 p.m.
“Entiendo que ya para el jueves debe estar en calendario, así que vamos a atender este asunto inmediatamente”, señaló el líder legislativo sobre la medida que, dijo, agilizará el desarrollo económico que tanto le urge al país.
En entrevista con El Nuevo Día, Méndez adelantó que la medida sufrirá enmiendas para alterar la composición de la junta de gobierno contemplada en la medida aprobada en el Senado.
“(Las enmiendas) se han discutido con el Senado, con Fortaleza y en todo momento lo que hemos buscado es que no haya contratiempos con la aprobación”, sostuvo el líder cameral.
Según la versión del proyecto del Senado 1121 aprobada por ese cuerpo, la Junta de Gobierno estaría compuesta por siete miembros. De estos, cinco serían nombrado por el gobernador con el consentimiento del Senado.
Estos, sin embargo, serían seleccionados de una lista -que le será presentada al primer ejecutivo- preparada por diversas entidades, entre ellas el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, la Universidad de Puerto Rico, la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales.
El sexto miembro quedará a discreción del gobernador y, el séptimo, será un representante del interés público.
“Eso le quita poder al gobernador en términos de poder designar a los miembros de la junta que son los que van a establecer la política pública y el marco regulatorio. Para nosotros, es importante que no haya el poder de veto de cualquier miembro de la junta, sino que tiene que seguirse la política pública dentro de ese marco regulatorio”, enfatizó Méndez.
Fue el 22 de enero de 2018 que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció la privatización de la AEE. Seis meses después, firmó el proyecto que creó la Ley de Transformación del Sistema Eléctrico. No obstante, es el marco regulatorio el que permite la transacción de activos.
“Es importante que aprobemos este proyecto inmediatamente para que se pueda dar inicio no solamente con la venta de activos, sino atraer a los posibles licitadores para la generación de energía”, puntualizó Méndez.
La privatización y venta de activos, aseguró, atraerá nuevos empresarios. Reconoció que el costo de la energía en la isla “en algunas ocasiones es prohibitivo”.
En esa misma dirección, dijo que la agenda legislativa para la nueva sesión incluye investigar la aplicación de aquellos estatutos dirigidos al turismo, como el funcionamiento de la Organización de Mercadeo de Destino (DMO).
La reconstrucción del país -otra área a la que apuesta el gobierno para adelantar la agenda económica ante la llegada de fondos federales- también será prioridad, así como el nuevo Código de Incentivos. “Vamos a mirar la posibilidad de que se les den fondos directamente a los gobiernos municipales”, dijo.
Labor inmediata
Con la misma urgencia que le adjudicó a la aprobación del marco regulatorio energético, la Cámara atenderá la revisión al Código Civil que atiende la Comisión de lo Jurídico que preside la representante María “Milagros” Charbonier.
Antes, sin embargo, Méndez tendrá que atender las objeciones que tienen algunos representantes en temas como sucesiones y matrimonio.
“Hay que cumplir con lo que es el derecho vigente. Nosotros no vamos a entrar en esa controversia porque lo que queremos es aprobar un proyecto del Código Civil que sea vigente para estos tiempos y que esté de acuerdo a lo que es la norma jurídica actual… Habrá cosas que no nos gusten, pero es el estado de derecho”, dijo.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha dicho que el análisis del Código Civil no es prioridad, pero que se le dará el debido proceso legislativo. Ha sostenido que no será atendido a la ligera.
Rivera Schatz no estuvo disponible para entrevista.
“Lo hemos discutido con el compañero presidente del Senado y él está dispuesto a ver el proyecto de ley y nosotros lo vamos a enviar… espero antes que termine el mes de febrero llevar a discusión al hemiciclo de la Cámara”, aseguró Méndez.
Será prioridad
El tema de seguridad, uno altamente discutido ante el registro de 30 asesinatos en los primeros 13 días del año, también acaparará parte de la agenda legislativa, confirmó Méndez, así como el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos.
“Sé que Henry Neumann está mirando unos proyectos y yo estoy mirando unos proyectos sobre la lucha contra el crimen. Me sospecho que vamos por la línea de asignaciones (presupuestarias), consolidaciones…”, dijo Ríos.
El senador por Bayamón manifestó, sin ofrecer detalles, que examinará cómo otorgarle herramientas adicionales a la Policía, como tecnología para mejorar el esclarecimiento de delitos.
Méndez va más o menos por la misma dirección en términos de lograr las convicciones en los tribunales, factor que para él resulta en uno de los mayores disuasivos en la lucha contra el crimen. A tales efectos, dijo que hay que mejorar el adiestramiento que reciben los policías a través de alianzas con las autoridades federales.
“Cometen los crímenes a plena luz del día porque saben que no los van a coger”, dijo Méndez.
Sobre el proyecto que crea la nueva Ley de Armas -ya avalado en el Senado- dijo que lo refirió a la Comisión de Seguridad Pública, presidida por Félix Lasalle, pero reconoció que “no es una prioridad”.
“La solución no es el abrir las puertas para que todo el mundo tenga un arma. Tengo que mirar con cuidado esa legislación”, agregó el líder cameral.
Mientras, el senador Neumann había adelantado a este rotativo que presentará legislación para reducir el tiempo que tiene que transcurrir para que un exconvicto -en ciertos delitos- pueda gozar nuevamente de un expediente limpio.
En buena dirección
El portavoz popular en el Senado, Eduardo Bhatia, coincidió, en una entrevista por separado, que la prioridad debe ser la seguridad pública, por lo que en la sesión de hoy su delegación solicitará que el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, sea interpelado.
Intentos previos para que Pesquera sea sometido a este procedimiento, en el que un jefe de agencia es sometido a preguntas del pleno de los senadores, han sido rechazados por la mayoría.
Bhatia, de otra parte, clamó que se celebren vistas públicas para que el gobierno explique por qué se ha atrasado el desembolso de fondos de reconstrucción para la isla, específicamente el pote de los primeros $1,500 millones a través del fondo de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).
En otros temas, dijo que favorece la eliminación del Panel del Fiscal Especial Independiente y ya un miembro de su delegación, Cirilo Tirado, ha radicado legislación a esos efectos.
Para el senador independiente José Vargas Vidot, la legislación, en esta sesión, debe ir dirigida a establecer un modelo económico comunitario.
En el ámbito de la seguridad, insistió en la aprobación de la medida que presentó con el senador popular Miguel Pereira -el proyecto del Senado 912-, que ordena despenalizar la posesión de todo tipo de sustancia controlada.
La medida derogaría el artículo 404 (posesión) de la Ley de Sustancias Controladas y, en el caso de la marihuana, establece que se entenderá por uso personal la posesión de hasta cinco gramos. No establece cantidades específicas en cuanto a otras sustancias y, según los proponentes del proyecto, la pieza deja ese aspecto en manos del tribunal.
También, impulsa el proyecto del Senado 341 que impediría que un usuario de opioides, que busque asistencia médica, o una persona que lo ayude enel trámite, se expongan a ser procesados criminalmente. Este proyecto fue aprobado en la Cámara, pero en el último día de la pasada sesión, Rivera Schatz lo envió a un comité de conferencia.
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, no estuvo disponible para entrevista, pero en las pasadas semanas ha insistido en que se apruebe el proyecto del Senado 600 – de su autoría- que prohíbe el depósito de cenizas tóxicas de carbón.
