El anunciado incremento tarifario para los dentistas y odontólogos adscritos al seguro público Vital es un paso en el camino hacia la justicia para estos profesionales de la salud que llevan más de 25 años con compensaciones rezagadas.
Con este ajuste, la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) espera motivar la permanencia en el país de estos especialistas. Ello colaboraría en el ansiado freno al éxodo creciente de profesionales en casi todas las especialidades médicas.
La retribución debe corresponder a la preparación académica y profesional del dentista, además de considerar el costo de los exámenes y tratamientos dentales que se imparten a la población médico-indigente a la que el plan estatal sirve. Se trata de 1.2 millones de personas a las que la cubierta dental pública ofrece servicios preventivos y restaurativos.
El gobierno tiene el reto de identificar al menos $13 millones para atender el impacto de las nuevas escalas tarifarias en el presupuesto para el próximo año fiscal. Las tarifas entrarían en vigor en octubre, de acuerdo con la directora de ASES, Ángela Ávila. Los aumentos serán oficiales una vez los Centros de Servicios Medicare y Medicaid, y la Junta de Supervisión Fiscal los aprueben. El impacto presupuestario máximo del alza ha sido estimado en $30 millones.
La nueva estructura tarifaria establece límites mínimos de pago por la atención oral, lo que no existía en la reforma de salud estatal desde la creación de ASES.
Es menester que el gobierno comparta con los dentistas las propuestas en detalle, de modo que cuente con su comprensión y aval.
Los ajustes son una petición razonable que estos profesionales vienen haciendo desde hace años. Han convencido con datos en sus presentaciones en los medios, la legislatura y otros foros públicos. Han explicado, por ejemplo, que los pagos que reciben ahora son los mismos desde 1993, cuando se implantó la reforma de salud y ellos cedieron el 10% de descuento en sus honorarios.
Ha pasado un cuarto de siglo sin que se revisen esas tarifas. Como resultado los dentistas reciben $9 por una evaluación cuando en jurisdicciones como Islas Vírgenes pagan $60, por ejemplo.
La elaboración de un nuevo tarifario dental para corregir el rezago en la compensación a los profesionales dentales muestra que hay vías para encontrar remedios a los problemas que desalientan la práctica médica en nuestro suelo.
En 2018, en Puerto Rico había 1,010 dentistas, lo que equivalía a un dentista por cada 3,304 personas, de acuerdo con la Oficina de Registro y Certificación de Profesionales de la Salud. El liderato médico asegura que ahora hay 856 dentistas en la isla.
La Asamblea Legislativa incluyó a los profesionales de la salud dental en la medida que ofrece a los médicos una tasa especial de contribución sobre ingresos y dividendos devengados en la práctica.
Una propuesta que merece atención es que las aseguradoras de servicios de salud puedan abrir sus redes a más profesionales médicos recién graduados en o fuera de Puerto Rico, pero con interés en ejercer aquí. Los nuevos graduados suponen más alternativas de servicios para los pacientes.
Los reclamos de los dentistas motivaron el estudio actuarial en el que se basa la propuesta reformulación de pagos. Se destaca la participación de ASES, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y del Colegio de Cirujanos Dentistas en el esfuerzo. Este trabajo incluyó una comparación entre las tarifas en Puerto Rico con las de otros estados y jurisdicciones para los beneficiarios de Medicaid, programa federal que sufraga en buena parte el plan Vital.
Esperamos que esta iniciativa colaborativa sea un paso en la ruta hacia la compensación que los dentistas y otros especialistas de la salud merecen. El beneficio mayor es para la salud de la población.
