by Javier Colón Dávila
Por El Nuevo Día
El proyecto que concede ciertas protecciones legales en caso de una emergencia por sobredosis permanece sin consideración desde junio del año pasado. (semisquare-x3)
El proyecto que concede ciertas protecciones legales en caso de una emergencia por sobredosis permanece sin consideración desde junio del año pasado. (Juan Luis Martínez Pérez)
Ante una aparente racha de muertes de drogodependientes por presunta sobredosis en Comerío, el senador independiente, José Vargas Vidot, insistió ayer en la necesidad de que se convierta en ley un proyecto de su autoría que daría ciertas protecciones legales a individuos que procuren asistencia médica para los adictos a sustancias controladas.
El Proyecto del Senado 341, que se encuentra en comité de conferencia desde junio del año pasado, también establece protecciones legales a favor de drogodependientes que soliciten asistencia médica. El comité de conferencia es el mecanismo mediante el cual las cámaras legislativas intentan conciliar sus diferencias en torno al texto de una medida.
Vargas Vidot parte de la premisa de que quien atestigua una sobredosis, como podría ser el dueño de un punto de drogas, se ve cohibido de brindar asistencia por temor a ser procesado criminalmente. Esas mismas reservas también llevan a los usuarios a no solicitar ayuda médica, según el senador.
El proyecto provee ciertas protecciones e inmunidad de responsabilidad al impedir que una persona que provee asistencia o el perjudicado sea arrestado, acusado, enjuiciado, o declarado convicto por poseer, usar o estar bajo los efectos de sustancias controladas.
Igualmente, ordena crear el Programa para la Prevención de Sobredosis de Opioides, a través del cual la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción podría autorizar a algunas organizaciones sin fines de lucro a llevar iniciativas de prevención, atención y mitigación de los problemas asociados con la adicción y facilitar a esas entidades antídotos contra los opioides, como la naloxona, que sirve para la intoxicación aguda por opiáceos.
El proyecto se aprobó de manera unánime en ambos cuerpos legislativos entre abril y mayo del año pasado, pero luego que la Cámara incluyera enmiendas a las que Vargas Vidot accedió, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que ese cuerpo no concurriría.
Desde entonces, la pieza legislativa ha permanecido engavetada. En noviembre del año pasado, Vargas Vidot presentó una moción durante la sesión legislativa para que la medida fuera sacada del comité de conferencia y fuera aprobada con las enmiendas de la Cámara, pero su reclamo fue derrotado.
“Debe haber una mezcla de prejuicio, ignorancia e insensibilidad. No me caben otras razones”, dijo Vargas Vidot a El Nuevo Día sobre la repentina oposición a la medida.
“El proyecto es reflejo de lo que está pasando en el mundo entero. La mayoría de los países que tienen problemas con el uso de opioides han aprobado proyectos similares, incluyendo 48 estados en Estados Unidos”, apuntó.
Vargas Vidot recordó que no se trata de un proyecto con una carga político partidista. Nadie de la mayoría legislativa estuvo disponible para hablar sobre las reservas en torno a la medida.
El alcalde de Comerío, José “Josian” Santiago, vive de primera mano la crisis de opiáceos en su municipio y se comunicó con Vargas Vidot para pedirle ayuda.
Vargas Vidot es el fundador de Iniciativa Comunitaria, una entidad sin fines de lucro dedicada a trabajar con personas adictas.
“No tengo datos oficiales que me hayan suministrado las autoridades, pero por lo que escucho en la calle, se han encontrado adictos muertos, y todo tiende a indicar que son sobredosis con drogas alteradas. Hay algo en el ambiente que los está matando, y van cinco casos en menos de dos meses”, dijo Santiago a este diario.
“No se trata de criminales, asesinos o pillos”, dijo el alcalde. “No es usual que esto ocurra, que sean tantos casos por alegadas sobredosis”.
Santiago resaltó dos casos de esta semana: un hombre encontrado muerto frente a una escuela y otro en un estacionamiento público. Anteriormente, supo de muertes por aparente uso de sustancias controladas en una residencia y otra cerca de un río del pueblo.
