by El Nuevo Día
La muerte de una anciana con Alzheimer, presuntamente a manos de su hija y cuidadora, confronta al país, no solo con la tragedia del suceso, sino con la limitada infraestructura pública y privada para atender a los ciudadanos discapacitados de una sociedad de envejecimiento creciente.
No nos corresponde juzgar estos hechos específicos. Pero este suceso obliga también a dar visibilidad a la sacrificada labor de quienes se hacen cargo de un adulto dependiente, muchas veces sin contar con destrezas, preparación o respaldos adecuados. Incluso sin la salud física y mental que el esfuerzo requiere.
Sin el auxilio de otros miembros de la familia, de la comunidad o de instituciones instituciones públicas y privadas, asumir la totalidad del cuido del paciente, incluidos la administración de medicamentos y el acompañamiento a las citas médicas, resulta en un enorme peso económico, físico y mental.
Es preciso crear las circunstancias, a nivel familiar e institucional, para apoyar al cuidador informal. Este debe también tener a la mano las herramientas para que pida ayuda en momentos difíciles.
Una cuarta parte de la población de Puerto Rico tiene 60 años o más. Es lógico esperar que cada día haya más adultos mayores con discapacidades y enfermedades asociadas a la longevidad que dependerán de otros para su manejo dentro y fuera del hogar.
El 40% de los adultos mayores en la isla tiene ingresos que los coloca en el nivel de pobreza extrema. Ello afecta el acceso a servicios médicos, transportación, nutrición y vivienda, y hace a esos ancianos dependientes de las ayudas gubernamentales y de familiares y allegados. Además, el Alzheimer, la hipertensión, la diabetes, la anemia, la depresión y el asma arrecian con el paso de los años, y demandan medicamentos y tratamientos constantes.
Estas circunstancias vienen acompañadas de desafíos familiares, sociales y fiscales. Es evidente la necesidad de distribuir responsabilidades en el entorno familiar e institucional.
El núcleo familiar del paciente, cuando existe, viene obligado a organizarse para poder proveer una vida digna a los mayores, dentro de su condición. No obstante, la fragmentación familiar causada por el éxodo hacia Estados Unidos se ha sumado a los factores que dificultan el cuido de los ancianos. En otros casos, miembros de la familia se desligan del deber de atender a sus progenitores.
El papel de las estructuras gubernamentales se hace más importante entonces. Es preciso dirigir los servicios, programas, investigaciones y esfuerzos de salud pública a la prevención, la detección temprana y el tratamiento de las enfermedades más prevalecientes en la vejez. Conviene crear una red más extensa de servicios profesionales para los enfermos dependientes, como los programas de amas de llaves.
Es particularmente importante el adiestramiento de los profesionales de la salud en el manejo y atención de pacientes de geriatría. Se debe contemplar, además, la creación de redes de apoyo a los cuidadores informales, de manera que puedan descargar su importante labor con la asistencia técnica para el buen trato de los ancianos y para su propio cuidado.
El cuidador está llamado a informarse sobre la condición de la persona bajo su atención. Debe aprender a reconocer sus propias capacidades y debilidades, de modo que identifique formas de sobrellevar los rigores de su encomienda.
El tercer sector y la empresa privada están convocados a tomar iniciativas específicas en sus comunidades en beneficio de ancianos.
Nuestro país necesita emprender una acción multisectorial e integral sobre la forma de atender de forma digna a los ancianos vulnerables, en apoyo a los miles de cuidadores informales, y en la edificación de una sociedad justa.
