La certificación judicial del Plan de Ajuste de la Deuda de la Corporación de Interés Apremiante (Cofina) envía un mensaje importante sobre la capacidad de Puerto Rico de atender su problema de endeudamiento, en el camino hacia su recuperación económica.
La reducción aproximada de una cuarta parte del monto total de la deuda pública puertorriqueña, mediante este pacto de reestructuración, debe motivar a alcanzar consensos en los casos de los Bonos de Obligaciones Generales (GOs), así como en lo relativo a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otras.
En la medida en que Puerto Rico atraviesa el umbral de negociaciones para resolver con celeridad su endeudamiento, debe ir recuperando la confianza que le permitirá regresar a los mercados de capital, fuentes de inversión para el desarrollo. Así se fortalecen la creación de empleos y la prestación de servicios esenciales a la población.
Del Acuerdo sobre Cofina resulta un flujo de capital de $400 millones anuales que el gobierno debe manejar sabiamente, ya sea en aspectos esenciales como salud, educación y seguridad pública. La transacción provee, además, para el pago de pensiones a aproximadamente 160,000 jubilados del servicio público, un sector cuyo bienestar se debe proteger.
El Acuerdo de Cofina reestructura el 25 por ciento de la deuda pública, estimada en $72,000 millones, libra de litigios onerosos y permite concentrar en la negociación de la deuda de los GOs, ascendente a $14,000 millones, y la de la AEE, que ronda los $10,000 millones. La expectativa de la Junta de Supervisión Fiscal es que, alcanzado el pacto sobre Cofina, una resolución sobre la deuda de obligaciones generales eleve a 55% la deuda reestructurada del país.
Un aspecto importante del Acuerdo es la garantía de que de cada dólar del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) comprometido en el pacto, el 54% irá a los bonistas de Cofina y el restante al Fondo General. Ello implicará un aumento para las arcas públicas locales, con respecto a lo que recibían antes.
En la certificación del Acuerdo, la jueza Laura Taylor Swain atendió en detalle las preocupaciones de todas las partes involucradas en la negociación para emitir señalamientos de hecho y derecho documentados. Reconoció la imposibilidad de responder a todos los reclamos de los intereses en pugna sobre recortes en los pagos a bonistas, entre otros asuntos neurálgicos.
En tal sentido, la resolución sobre Cofina, la primera reestructuración sustancial de la deuda pública de Puerto Rico bajo el Título III de Promesa, no está exenta de retos. Pero deben convertirse en oportunidades.
Por ejemplo, el gobierno puede considerar una reforma tributaria justa para individuos y empresas que, a su vez, garantice los recaudos comprometidos con la reestructuración de Cofina, cuya vigencia es de 40 años. De igual forma, es importante incentivar actividad económica diversificada que sostenga los parámetros de ingresos y compromisosdel diseño fiscal para sacar a Puerto Rico de la bancarrota.
El adelanto en la restructuración de la deuda debe ir a la par de reformas gubernamentales profundas que abonen a la eficiencia pública y faciliten la actividad de negocios en el sector privado.
Además, el gobierno local es responsable de poner en marcha controles estrictos para el uso de otros fondos federales cuya liberación se tramita en Washington para la reconstrucción necesaria tras los daños causados por el impacto huracanado. La catástrofe dejó un saldo aproximado de 2,975 muertes y $100,000 millones en pérdidas materiales. Ante la insolvencia gubernamental, se espera la liberación de fondos federales que impulsen el crecimiento económico.
La puerta de entrada a la plena restructuración de la deuda ha quedado marcada con el Acuerdo de Cofina. Avanzar en esa ruta determinará la recuperación financiera de Puerto Rico y su solidez como plaza de inversión competitiva.
