Las protestas ciudadanas continuaron ayer, durante el segundo día de la vista de confirmación del plan de ajuste de Cofina, a cargo de la jueza Laura Taylor Swain, cuya imagen aparece en el cartel.
La jueza Laura Taylor Swain se reservó ayer el fallo en torno al plan que recortaría la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) tras cuestionar si ella tiene autoridad para dar a una ley aprobada en Puerto Rico la fuerza de un estatuto federal.
Durante el segundo día de la vista de confirmación del plan de ajuste de Cofina, la jueza Swain preguntó repetidamente a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Coalición de Bonistas Principales de Cofina y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) qué disposiciones de ley o jurisprudencia permitirían a la corte federal que atiende los casos de Título III de Puerto Rico validar y catalogar como incuestionable la ley que aprobó la Asamblea Legislativa el año pasado para renegociar la deuda de Cofina. Dicha ley estableció que la porción del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) comprometida para el pago de la deuda se divida entre Cofina y el gobierno central, y es la base para la renegociación de la deuda de la corporación pública y, por ende, del plan de ajuste de Cofina.
En una jornada en la que los ciudadanos Rafaela Esteves, José Torres Asencio y Nicole Rodríguez se opusieron al pacto, Swain preguntó a la JSF si le pedía “reescribir” la Constitución de Puerto Rico, e incluso bromeó al intentar establecer un paralelo entre validar una ley de Puerto Rico mediante una orden judicial federal y la magia de la saga literaria de Harry Potter. Ello, al preguntar si en ausencia de datos para validar el plan, la JSF le pedía que se pusiera “el sombrero de Hogwartz” (que decidía a qué equipo van los aprendices en la saga).
“Él no es parte de Slitherin (el equipo villano en la obra literaria)”, replicó también, a modo de broma, el abogado de la JSF, Paul Rosen, haciendo referencia a Susheel Kirpalani. Kirpalani es abogado de la Coalición Cofina Senior y se le identifica como una de las principales figuras en el acuerdo que se pactó entre la JSF y los acreedores y que recortaría aproximadamente el 32% del principal vigente de Cofina.
LA AUTORIDAD DE LA CORTE
En un intento por marcar el rumbo decisional de la jueza, Kirpalani ofreció a Swain tres argumentos.
Recordó que el año pasado, cuando los agentes designados por la JSF para resolver la disputa sobre la pertenencia del IVU no llegaban a acuerdos, se solicitó certificar la controversia para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinara si la ley que creó el IVU y Cofina era constitucional.
Entonces, la jueza Swain retuvo la controversia, señalando que el foro federal podía resolver el asunto a la luz de la ley Promesa y el poder plenario que posee el Congreso sobre los territorios estadounidenses.
Kirpalani explicó que el alto foro judicial de la isla establece que toda ley aprobada en Puerto Rico se considera constitucional, salvo que se concluya lo opuesto. Además, dijo que la sección 305 de Promesa le autoriza a modificar la propiedad del gobierno puertorriqueño, en este caso, la distribución de los recaudos del IVU, si la JSF así lo aprueba.
Antes de los argumentos de Rosen y Kirpalani, el abogado de Ambac Assurance, Dennis F. Dunne, indicó que su cliente respaldaba el acuerdo, no porque tuviera un resultado “fenomenal”, sino porque se trató de uno de los pactos más complejos que haya suscrito; este se dio a raíz de la mediación impulsada por la corte y porque “el precio de una postura contenciosa era simplemente más alto”.
Empero, la jueza Swain no pareció convencida. Dejó entrever que la orden propuesta que tiene ante su consideración supone impregnar la fuerza de la esfera federal en la estructura titulizada de Cofina, consignada en la nueva ley de bonos de esa corporación pública y cuya aprobación el año pasado se ha puesto en duda.
LO QUE ESTÁ EN LA MESA
El plan de Cofina podría describirse como un rompecabezas que Swain debe aprobar.
La primera pieza es aprobar una especie de contrato o estipulación entre Cofina y el gobierno central. Esta, partiendo de la nueva ley de los bonos Cofina, divide los recaudos del IVU comprometidos al pago de bonos y establece ciertas limitaciones y obligaciones entre las partes.
Avalar esa estipulación es necesario para la segunda pieza del rompecabezas que es el plan que reduce la deuda de Cofina. Aparte del recorte en el principal, el plan establece qué tocará a los bonistas principales y subordinados de la entidad. Swain debe evaluar y certificar el plan Cofina si este es razonable, justo y obra en el mejor interés del deudor, criterios establecidos en Promesa y el Código de Quiebras.
La tercera cosa que Swain debe decidir es cómo se distribuirá el efectivo y se pagarán los honorarios del banco custodio de la deuda de Cofina, Bank of New York Mellon, una vez el plan entre en vigor.
Para certificar el plan, la JSF presentó a Swain un borrador de la orden judicial que lo haría factible y fue el lenguaje de dicho documento lo que levantó dudas.
Entre otras cosas, la propuesta orden judicial daría por hecho ciertos hallazgos y conclusiones de tipo legal que no estaban justificados en los documentos radicados, según la jueza. La orden establecería además que los documentos asociados al plan de ajuste tendrían fuerza de ley.
Sobre todo, a juzgar por la línea de preguntas de la jueza, el fallo pondría el peso de una orden judicial federal a la ley de los nuevos bonos Cofina, cuyas disposiciones en torno a la pertenencia del IVU nunca han sido resueltas por un tribunal. Además, se entiende que una ley de ese tipo estaría supeditada a la Constitución del territorio estadounidense.
Mientras, Swain dejó claro que no daría paso a una orden que exima de responsabilidad a funcionarios y otros participantes que fueron parte en estructurar la deuda de Cofina.
Rosen indicó a Swain que se aseguraría de atender su preocupación en torno al tema de responsabilidad de los empleados presentes y pasados del gobierno, así como de otros profesionales relacionados con Cofina.
En tanto, Rosen y Kirpalani insistieron en que la orden del plan de ajuste de Cofina solo busca dar “certeza” a los bonistas para que la controversia sobre el derecho propietario de la porción comprometida del IVU con esa entidad no pueda ser cuestionada en el futuro.
UNA MOVIDA CONFISCATORIA
Sin embargo, para el bonista subordinado y abogado, Peter Hein, lo que la JSF le ha pedido a Swain no es otra cosa que validar que el IVU pertenece a Cofina y ese, precisamente, es el estado de derecho que cobija a los bonos todavía vigentes de Cofina.
Para Hein, si como parte del plan de ajuste, se valida que el IVU pertenece a Cofina, al redistribuir parte de esa fuente de recaudos al gobierno central, la JSF alteraría el concepto de deuda asegurada en Estados Unidos. Ello, según Hein, abriría la puerta para que estados como Illinois, Nueva Jersey y Connecticut hagan lo propio.
Además, dijo Hein, transferir parte del IVU al gobierno central sería un acto confiscatorio, en contra de la Constitución.
De otra parte, mientras otros aseguradores como Assured Guaranty y National Public Finance defendían el pacto, el representante independiente Manuel Natal Albelo pidió a Swain no aprobar el plan de Cofina. Explicó que había presentado una demanda contra el gobierno, pues la Asamblea Legislativa de la que es parte aprobó la ley de los nuevos bonos Cofina sin cumplir con los procesos requeridos. La demanda fue removida por la JSF del foro estatal bajo el argumento de suspensión de litigios provisto en Promesa.
Swain pidió a la JSF y la Aafaf que no más tarde del lunes presente una moción en la que expliquen los señalamientos en sala. Los casos de Título III continuarán su curso en la audiencia general del 30 de enero.
