by Juan Lara
Por El Nuevo Día
Siempre se ha dicho que en el Congreso de Estados Unidos no hay ambiente para considerar posibles enmiendas a la Ley Promesa. Sin embargo, una delegación del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal visitará la isla esta semana para evaluar sobre el terreno los efectos del programa de consolidación fiscal y renegociación de la deuda pública, además de examinar la recuperación del país tras el huracán María. Se anunció que los congresistas escucharán a ciudadanos particulares, además de entrevistarse con funcionarios y personalidades de diferentes entidades oficiales y semi-oficiales.
Algunos piensan que la visita de estos congresistas podría abrir la puerta para la discusión de cambios a la Ley Promesa. De hecho, el gobernador Ricardo Rosselló ya adelantó que propondrá a los legisladores federales que le den más precisión, y límites más claros, a los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal. Según los partes de prensa, el gobernador quiere pedirles a los congresistas visitantes que intervengan para que la Junta no se pueda inmiscuir en las operaciones y la política pública del gobierno.
Sin duda, hay que aprovechar la presencia de estos congresistas, muchos de ellos amigos de Puerto Rico, para poner sobre el tapete todas las dudas y reservas que muchos puertorriqueños tienen con la marcha del proceso de Promesa. Sin embargo, no es prudente alentar expectativas muy optimistas sobre los posibles resultados de esta visita, porque cambiar la Ley Promesa no es algo que se pueda hacer con facilidad, ni de un día para otro.
Hay que recordar que el Partido Demócrata, que ahora cuenta con la mayoría en la Cámara de Representantes federal, todavía tiene que compartir el poder legislativo con un Senado de mayoría republicana. Aunque se pudiera convencer a los congresistas que nos visitan para que den inicio a un proceso para revisar la Ley Promesa, no hay ninguna garantía de que se pueda lograr lo mismo en el Senado. Por el contrario, si los republicanos ven esta visita como una movida demócrata para usar a Puerto Rico de instrumento contra la administración de Donald Trump, podría recrudecerse su resistencia a entrar de nuevo en el tema de Promesa.
Ese es un escenario que hay que tratar de evitar. Nada ganaríamos con meternos en un fuego cruzado partidista entre demócratas y republicanos, justamente cuando empieza a subir el calor de la próxima campaña electoral estadounidense y cuando nosotros necesitamos un entendimiento de largo plazo con el gobierno federal sobre la reconstrucción de Puerto Rico.
Además de que cualquier iniciativa sobre la Ley Promesa caería en las manos de un Congreso dividido—o, más bien, polarizado—está ahora mismo ante el presidente Donald Trump y el Senado norteamericano la orden judicial de decidir, en un plazo que vence a mediados de mayo, qué van a hacer con los actuales miembros de la Junta. Al mismo tiempo, los miembros de la Junta quieren que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revise la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones en Boston que ha declarado inconstitucional el proceso de sus nombramientos.
Hay demasiadas controversias en el ambiente como para esperar que el presente Congreso logre un acuerdo para repensar el plan que se trazó en la Ley Promesa.
Sin embargo, hay que considerar la posibilidad que la Ley Promesa, en su forma actual, no pueda proveer un marco adecuado para completar el proceso de consolidación fiscal, renegociación de la deuda pública y rescate de los planes de pensiones que se supone que ocurra con la dirección de la Junta de Supervisión Fiscal. Si es así, debemos pensar en alternativas viables que podamos presentarle al Congreso; no para hacerle modificaciones parciales a la ley, sino para reencauzar el proceso completo por un rumbo menos incierto.
