by José A. Delgado Robles
Por El Nuevo Día
La comisionada residente, Jenniffer González, y la delegada de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, principal autora del proyecto para mejorar el acceso de la isla a Medicaid y Medicare.
WASHINGTON.- Bajo la nueva mayoría demócrata en la Cámara baja, los territorios, incluido Puerto Rico, renovaron ayer los esfuerzos en favor de legislación que les otorgue el mismo trato que reciben los estados en el programa Medicad y un mejor acceso al programa Medicare.
La delegada de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett, principal autora del proyecto, y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dieron a conocer la legislación, que en el caso de Puerto Rico pudiera representar por lo menos $2,000 millones anuales en fondos de Medicaid.
Por ley permanente, Puerto Rico tiene acceso a $350 millones anuales del programa Medicaid. Previo al huracán María, el financiamiento totalizó cerca de $1,600 millones anuales al sumarse $1,200 millones que proveyó en los últimos años Obamacare.
Pero, en estos momentos, a base de una ley de emergencia dirigida a mitigar el desastre causado por el huracán María y que vence en septiembre, Medicaid ha financiado todo el costo del plan de salud del gobierno de Puerto Rico, que ronda los $2,800 millones.
El proyecto de ley, que tiene el respaldo de los demócratas boricuas Darren Soto (Florida), José Serrano (Nueva York) y Nydia Velázquez (Nueva York), eliminaría el techo que se le impone a Puerto Rico y los territorios en el acceso al programa Medicaid.
Por ley, Medicaid exige que Puerto Rico aporte el 45% del costo de los servicios médicos del programa.
Mientras el gobierno federal financia en la isla el 55%, en los estados el porcentaje alcanza el 83%,
“Con este proyecto eliminaríamos el tope de 55%”, para que a partir del año fiscal federal 2020, que comienza en octubre, Medicaid provea a la isla hasta el 83% del costo de proveer servicios de salud a los pobres”, dijo la comisionada González en una conferencia de prensa.
González calcula que la eliminación del tope en el acceso a fondos de Medicaid supondría recibir permanentemente unos $2,000 millones de ese programa. Pero otras fuentes indicaron que si Puerto Rico pudiese proveer todos los servicios que permite el programa Medicaid, el financiamiento pudiera superar los $3,000 millones.
El proyecto también impulsa trato igual en el acceso a las partes A (servicios hospitalarios) y B (servicios ambulatorios) de Medicare.
Además, propone elevar los pagos de Medicare a los hospitales que atienden un número desproporcionado de pacientes de bajos ingresos (DSH, por sus siglas en inglés). En ese sentido, la legislación asignaría unos $300 millones a los territorios, de los cuales Puerto Rico puede reclamar cerca del 90%, indicaron los expertos.
El proyecto de ley incluye, a su vez, un apartado que mejoraría el reembolso que reciben los planes Medicare Advantage. “En este proyecto, se ha incluido la mayoría de las provisiones. Permite una visión completa (de la situación de los territorios)”, indicó González.
Los demócratas tienen en su agenda mejorar el acceso de Puerto Rico a Medicaid, después de que el gobierno de Barack Obama -como parte de la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)-, propusiera pleno acceso de la isla a ese programa en un plazo de 10 años.
“El cuidado médico es el gran asunto de este Congreso”, dijo Soto, quien es parte del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja, que tendrá jurisdicción primaria sobre la legislación. En 2017, el presidente Donald
Trump se opuso a una asignación de $295 millones para Puerto Rico en fondos Medicaid, tras expresar preocupación de que el dinero proyectara un superávit del gobierno – bajo el plan fiscal de la JSF-, e incrementara el pago a los acreedores. Trump, sin embargo, terminó firmando el ómnibus presupuestario en que se incluyeron los $295 millones.
Los otros coauspiciadores de la legislación son la delegada republicana de Samoa, Amata Radewagen, y el delegado demócrata de Guam,
“Vamos a solicitar vistas públicas en el Comité de Energía y Comercio”
JENNIFFER GONZÁLEZ
COMISIONADA RESIDENTE EN WASHINGTON
