by Joanisabel González y José A. Delgado
Por El Nuevo Día
La Junta Fiscal prevé estar en funciones durante todo el próximo cuatrienio. (GFR Media)
Washington – Bajo su escenario ideal, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) -que controla las decisiones del gobierno de Puerto Rico- prevé que tendrá que estar en funciones, por lo menos, todo el próximo cuatrienio
Tras ofrecer una charla a estudiantes en la Universidad de Georgetown, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó que, en este momento, persiguen que el gobierno de Puerto Rico pueda tener su primer presupuesto equilibrado en el año fiscal 2020-2021.
Para ello, el gobierno deberá haber terminado de reestructurar la deuda de cerca de $70,000 millones y los sistemas de retiro, que representan otros $45,000 millones.
“Hasta que no se comience a pagar (el servicio de) la deuda, no se puede argumentar que hay un presupuesto equilibrado”, dijo antenoche Jaresko, al aclarar cuándo, de acuerdo a la JSF, podrá comenzar el conteo de los cuatro años de presupuestos equilibrados que requiere la ley Promesa.
La fecha es superambiciosa, porque al presente la JSF y el gobierno solo han logrado la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante (COFINA). También, han llegado a acuerdos preliminares sobre las deudas de Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) relacionadas con la Autoridad de Puertos y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La ley Promesa requiere cuatro presupuestos consecutivos balanceados y acceso a mediano y largo plazo a los mercados financieros a tasas razonables para poder terminar con el control de la JSF sobre el gobierno electo de la isla.
Bajo el plan de la JSF, si las cosas salen bien en términos fiscales, la primera oportunidad para conseguir cuatro presupuestos equilibrados consecutivos sería entre los años fiscales 2020-21 2023-2024.
Es decir, si para junio de 2024, el gobierno termina su cuarto año de gestión sin déficit presupuestario, entonces se cumpliría con uno de los dos mandatos dados a la JSF por el Congreso, lo que sentaría las bases para el cese paulatino de las funciones del organismo fiscal federal.
Cualquier resbalón en el proceso de cuadrar los cuatro presupuestos consecutivos, sin embargo, requerirá volver a empezar y el calendario deberá extenderse, como mínimo, otros cuatro años.
Para cuando se logren cuadrar cuatro presupuestos consecutivos, todavía quedaría por verse si el gobierno de Puerto Rico ha entrado a los mercados financieros, a tasas razonables o ha logrado la clasificación crediticia necesaria en sus bonos para emitir nueva deuda, sostuvo Jaresko. Y para tener acceso a Wall Street, se requerirá tener los informes financieros auditados, agregó.
Hasta ahora, el gobierno mantiene en atraso los estados financieros auditados correspondientes a los años fiscales 2016, 2017 y, el próximo 1 de mayo, debe presentar el estado auditado para el año fiscal 2018. Esta semana, de hecho, Jaresko escribió al secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, para pedirle que indique de una vez y por todas, cuándo cumplirán con tales divulgaciones.
Por su parte, el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, indicó el pasado jueves a El Nuevo Día que está cerca de llegar a un acuerdo definitivo para modificar unos $9,000 millones en obligaciones de deuda, desarrollo que Jaresko confirmó.
“Grosso modo” y aparte del pacto en la AEE, el organismo fiscal tiene en agenda completar “a finales de año” el ajuste de las Obligaciones Generales del gobierno de Puerto Rico (GOs, en inglés), obligación que ronda $17,000 millones, incluyendo las garantías que ofrece el gobierno central a otras emisores de deuda.
Junto al Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés), la JSF solicitó en enero pasado a la jueza Laura Taylor Swain -a cargo del tribunal de bancarrota donde se busca reestructurar la deuda pública de la isla- cancelar $6,000 millones en GOs. Un mes antes, el UCC y la JSF también pidieron a Swain anular la estructura de financiamiento de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), lo que implicaría invalidar otros $4,000 millones.
Jaresko también prevé que, antes de comenzar el año fiscal 2020-2021, se haya implantado la reforma de los sistemas de retiro, uno de los asuntos más controvertidos y que puede decidirse en pleno año electoral. “Eso está en el plan de ajuste”, dijo.
Al gobierno y a la JSF no solo le falta lograr acuerdos definitivos con los bonistas constitucionales y otros acreedores de corporaciones como la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico (UPR), también tendrá que lograr que Swain avale dichos pactos, sea a través del Título III de Promesa o aquel que provee para acuerdos extrajudiciales bajo el Título VI del mismo estatuto federal.
Todo ese calendario, por supuesto, depende de que no haya una interrupción en el funcionamiento de la JSF, cuyos actuales miembros se enfrentan a la fecha límite del 16 de mayo que dio el Primer Circuito de Apelaciones para que el presidente Donald Trump y el Senado federal se pongan de acuerdo en torno al nombramiento de nuevos integrantes o la confirmación de los funcionarios de la junta vigente.
El pasado 15 de febrero, el Primer Circuito declaró inconstitucional los nombramientos de los miembros de la JSF por entender que se trata de funcionarios federales de alto nivel y que por no haber sido nombrados directamente por el presidente y confirmados por el Senado violó la cláusula constitucional de nombramientos.
Ante el Supremo federal
Jaresko dijo, el 18 de marzo pasado, que en unas dos semanas, la JSF presentaría un certiorari en el Tribunal Supremo de EE.UU. para que se revise la decisión del Primer Circuito y así mantener el actual balance entre los miembros de la JSF. Ahora, se prevé que el caso pueda presentarse antes de que termine el mes.
“La petición de certiorari se está preparando y debe estar lista en las próximas semanas”, indicó Jaresko.
Los planes de la JSF son también pedirle al Primer Circuito que extienda la fecha límite del 16 de mayo hasta que el Tribunal Supremo estadounidense decida si revisará la decisión del foro de apelaciones.
“Podemos confirmar gente en 90 días, la cosa es cuándo el reloj comienza a marcar”, había dicho el 26 de febrero, la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, la republicana Lisa Murkowski (Hawai), tras conocerse la decisión del foro apelativo federal.
Pero, en ausencia de una suspensión de procesos contra la actual junta, el presidente Donald Trump tendrá en la práctica poco más de dos semanas para enviar sus nombramientos, pues el Senado estadounidense recesó sus trabajos hasta el 29 de abril.
La directora de la JSF se expresó confiada, sin embargo, en que el presidente Trump no enviará nombramientos al Senado antes de que lleven el caso ante el Tribunal Supremo federal.
Varias fuentes –como publicara hace unos días The Wall Street Journal– han indicado que la Casa Blanca y el liderato del Senado consideran la posibilidad de nombrar a los miembros actuales de la JSF, cuyo término vence el 31 de agosto.
“No debe haber duda que el presidente y la administración están comprometidos a que todos los elementos de Promesa sean implantados para el beneficio del pueblo de Puerto Rico”, dijo ayer, Javier Ortiz, director ejecutivo de FixPuertoRico.org y quien trabajó en el comité de Transición de Trump.
Ortiz sostuvo que –en medio de las críticas del presidente Trump hacia las autoridades de la isla- “la Casa Blanca ha sido clara sobre la necesidad de tener transparencia y la Junta es el único vehículo que existe en estos momentos para lograr eso”.
También, piensa que nombrar a los miembros de la JSF actual sería una forma de reconocer la voluntad del Congreso.
Aunque los miembros de la JSF –previo a la decisión del Primer Circuito- estaban supuestos a cumplir su mandato de tres años el 31 de agosto, la ley advierte que pueden seguir en sus puestos hasta “que sea designado su sucesor” y que “una persona puede servir… términos consecutivos”.
El proceso de Promesa
Seis de los siete miembros de la JSF fueron nombrados a través de recomendaciones del liderato del Congreso, lo que ha permitido un equilibrio político entre republicanos y demócratas. El séptimo fue designado directamente por el entonces presidente Barack Obama.
La ley Promesa permitía a Obama nombrar a los siete miembros y enviarlos al Senado. Pero, el término entre la aprobación de la ley y la fecha dada para confirmarlos –solo tres meses- y con los republicanos en mayoría en el Senado -como ahora- esa opción era políticamente inviable.
Obama decidió poner en marcha el mecanismo que el Primer Circuito de Apelaciones federal ha declarado inconstitucional. Además de nombrar directamente a uno de los siete integrantes, seleccionó dos miembros propuestos por el speaker, dos por el líder de la mayoría del Senado, uno por el portavoz de la minoría cameral y otros por el portavoz de la minoría del Senado.
Bajo ese mecanismo, según fuentes de El Nuevo Día, Obama nombró directamente al banquero José Ramón González; el entonces speaker, Paul Ryan, propuso a José Carrión y a Carlos M. García; el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, sugirió a Andrew Biggs y David Skeel; la entonces líder de la minoría y ahora speaker, Nancy Pelosi, impulsó a Ana Matosantos; y el portavoz demócrata en el Senado, Charles Schumer, recomendó al exjuez Arthur González.
De esos siete miembros, se conoce que Biggs, experto en temas de pensiones y quien trabaja para el grupo de opinión conservador American Enterprise Institute (AEI), y Skeel, profesor de Derecho Corporativo, están dispuestos a continuar en la JSF durante un próximo término.
En los círculos financieros en Puerto Rico, se rumora que García y José Ramón González no estarían disponibles para un segundo término.
