EVENTS CALENDAR

Recent News

Evalúan impacto en caso de Medicaid
Juez ordena analizar cómo su decisión aplica a pleito contra el gobierno federal
Published Monday, February 18, 2019 5:00 am
by Alex Figueroa Cancel
Por El Nuevo Día
La demanda por las asignaciones de fondos Medicaid para la isla detalla que el gobierno local invierte $1,400 millones para proveer servicios de salud a más de 1.2 millones de beneficiarios de bajo ingreso, y recibe $400 millones del gobierno federal.

El juez federal Gustavo Gelpí ordenó que se discuta si su reciente opinión en un caso sobre el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) tiene algún impacto en otra demanda contra el gobierno de Estados Unidos por discrimen con la asignación de fondos de Medicaid para la isla.

La corporación sin fines de lucro MedCentro inició el pleito el año pasado –al que se unió el gobierno de Puerto Rico– para denunciar violación de derechos constitucionales por parte del gobierno federal por tratar a la isla diferente a los estados en la asignación de fondos para los servicios de Medicaid.

Gelpí ordenó que las partes expliquen si de alguna manera influye en esta demanda la opinión que él mismo emitió, a principios de este mes, cuando desestimó una demanda del gobierno federal contra un residente de Puerto Rico, José Luis Vaello Madero, para que devolviera el dinero que recibió del SSI mientras vivía en la isla.

“Sin renunciar a una apelación que (el gobierno de) Estados Unidos pueda tener en (el caso de) Vaello Madero, los demandados tienen que discutir lo siguiente en su informe: si (el caso de) Vaello Madero se decidió correctamente, ¿debe extenderse su base lógica a algunos de los reclamos presentados en este caso?”, lee la orden del juez federal.

En el caso del SSI, Gelpí favoreció la postura de Vaello Madero de que se violaban sus derechos constitucionales al perder el beneficio del SSI solamente por haberse mudado de Nueva York a Loíza.

Gelpí expresó en su opinión que la Cláusula Territorial de la Constitución “no es una carta blanca” para el Congreso de Estados Unidos “encender o apagar a conveniencia los derechos fundamentales constitucionales del debido