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Malpractice, frivolidad e independencia judicial
Published Tuesday, January 22, 2019 5:00 am
by Antonio Negrón Gracía
Por El Nuevo Día

La Ley 249-2018 crea paneles especiales compulsorios para atender las demandas por impericia médico-hospitalaria. Sus integrantes serán un juez retirado o abogado en la práctica, un profesional de la salud y un representante del interés público, seleccionados todos de una lista de candidatos cualificados en peritaje legal y médico preparada por el Tribunal Supremo. Con inmunidad, estos panelistas podrán tomar declaraciones juradas, llevar minutas, mantener récords y perpetuar testimonios (directo y contrainterrogatorio) juramentados. Les aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil compatibles, incluso la de Comisionado Especial (Regla 41), aunque no las de Evidencia, salvo las de privilegios y conocimiento judicial.

Una vez contestada la demanda, el juez de instancia deberá designar a los miembros del panel. El cuerpo, de la faz de los documentos (previa celebración de una vista evidenciaría, de creerla necesaria) emitirá una opinión preliminar sobre los méritos de la reclamación. Si la estiman frívola, recomendarán imponer al demandante la prestación de fianza suficiente (no nominal) para pagar la “dietas de cada panelista”, los gastos del panel, más las costas y los honorarios a favor de los médicos demandados que prevalezcan eventualmente. De coincidir con ese criterio, el juez fijará la fianza y apercibirá al demandante de que no prestarla conllevaría la desestimación de la demanda. De discrepar, vendría obligado a explicar su parecer en una resolución.

El juez puede prescindir del panel y de la fianza: (i) si estima meritoria la demanda a la luz de un informe pericial suscrito por un profesional de la salud debidamente acreditado; (ll) si el demandante alega y demuestra que el demandado le negó el expediente médico requerido por correo certificado con acuse de recibo; o (iii) si el demandante es un insolvente exento por ley del pago de aranceles y derechos de presentación o demuestra indigencia.

La ley suscita serias interrogantes debido a que el historial legislativo carece de un fundamento socioeconómico que la valide. No hay datos suficientes, precisos ni confiables que avalen la premisa central de que el éxodo de médicos se debe a la proliferación