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La Junta de Supervisión Fiscal pondera ajuste a los bonistas
A falta de acuerdos, el ente fiscal buscará imponer un plan para renegociar la deuda del gobierno central
Published Thursday, December 20, 2018
by Joanisabel González
Por El Nuevo Día

 

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La Junta de Supervisión Fiscal (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) trabaja a toda prisa para lograr la confirmación del plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), y no descarta imponer una reestructuración a los acreedores del gobierno central, en caso de que no avancen las negociaciones en el proceso de mediación que ha instruido el tribunal.

La suerte que eventualmente correrá Puerto Rico en materia de renegociación de la deuda y también sus acreedores se sabrá con mayor claridad en los meses de marzo y abril próximos, reveló ayer el principal asesor legal de la JSF, Martin Bienenstock, durante la audiencia de los casos de Título III celebrada en la corte de distrito federal de Puerto Rico.

Bienenstock explicó que la JSF prevé reanudar las negociaciones para reestructurar otras obligaciones del gobierno tan pronto llegue el nuevo año y reveló, además, que si durante las sesiones de mediación con bonistas y otros acreedores del gobierno central no se logra un entendido en términos económicos, se impondrá un plan de ajuste a los acreedores, lo que en la jerga técnica se conoce como “cram-down”.

Al advertir que el proceso de renegociación “no es un asunto simple”, Bienenstock explicó a la jueza Laura Taylor Swain que, al presente, parece haber algunas controversias con la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), así como otros asuntos vinculados al informe del investigador especial Kobre & Kim sobre las razones para el colapso financiero de la isla que podrían evitar un acuerdo consensual.

En el caso de la AEP, Bienenstock, también socio de Proskauer Rose, señaló que hay interrogantes en torno a si el alquiler que esa corporación pública cobra a otras agencias del gobierno constituye, en efecto, un arrendamiento bajo la sección 365 del Código de Quiebras federal.

La deuda emitida por la AEP se considera constitucional, pues es pagadera con ingresos que genera el propio Estado. Como resultado,