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¿Puede la Junta Fiscal hacer valer su ultimátum?
El temor a la antipatía del pueblo, la afinidad con el gobierno y el desconocimiento de la administración inciden en tomar medidas correctivas
Published Wednesday, December 5, 2018
by Joanisabel González
Por El Nuevo Día
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En la carta del lunes, Carrión señaló, entre otras cosas, que desde agosto, Rosselló Nevares ha convertido en ley un centenar de proyectos sin remitir estos a la consideración de la JSF ni informar si afectarán el plan fiscal. (GFR Media)

La ley federal Promesa otorga poder a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para derogar leyes cuando estas afecten el cumplimiento del plan fiscal y para cambiar unilateralmente el presupuesto, si el gobierno no logra los objetivos de recaudos y ahorros establecidos.

Sin embargo, a juicio de dos expertos, la JSF no toma acción contra el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares porque la antipatía popular y el desconocimiento de la administración pública son las fuerzas que inciden en la toma de decisiones.

 

“Al gobierno, no le importa el plan fiscal, lo que le importa es que lo reelijan”, opinó el abogado John Mudd, quien ha seguido de cerca el funcionamiento de la JSF y los casos de bancarrota bajo el Título III de Promesa en el tribunal.

“Aquí nadie quiere ser el malo de la película”, sostuvo, por su parte, el catedrático en Administración Pública Mario Negrón Portillo.

El lunes, justo cuando el Primer Circuito de Apelaciones examinaba un pedido de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), de Aurelius Capital y otros fondos de inversiones para que Promesa sea declarada inconstitucional, el presidente de la JSF, José B. Carrión, escribió a Rosselló Nevares para indicarle que incumplía con Promesa.

En la carta, Carrión señaló, entre otras cosas, que desde agosto Rosselló Nevares ha convertido en ley un centenar de proyectos sin remitir estos a la consideración de la JSF ni informar si afectarán el plan fiscal, y que tampoco ha presentado información abarcadora sobre sus gastos para el primer trimestre del año fiscal con relación al presupuesto certificado.

De inmediato, el representante del gobierno ante