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Momento crítico para Promesa
Published Monday, November 26, 2018
by Juan Lara

Por El Nuevo Día

El controvertido proyecto que inició con la aprobación de la Ley Promesa hace poco más de dos años está atravesando un momento crítico que podría determinar su éxito o su fracaso. La Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno todavía no están trabajando juntos con la unión de propósitos que presupone la Ley Promesa, y la confianza del público, tanto en la Junta como en sus gobernantes, no es lo que quizás sería si el proceso estuviera mejor encaminado.

En La Encuesta de El Nuevo Día publicada la semana antepasada, el 73 por ciento de los entrevistados (casi tres cuartas partes) indicó que la Junta “no sería beneficiosa” al preguntárseles si el organismo aporta al país y mejora su crítica situación económica. En otras palabras, casi tres de cada cuatro ciudadanos no ven la utilidad de este proceso para el país. La Encuesta también muestra que los ciudadanos, en general, tienen actualmente una opinión más pobre de sus gobernantes que la que expresaron en encuestas anteriores. Y los resultados son bastante consistentes a través de género, nivel de ingreso, edad, área geográfica y afiliación política, por lo que se puede decir que hablan a nombre del país.

El cuadro que pintan estos resultados es preocupante. En medio de su peor crisis, y sufriendo todavía los efectos de un huracán devastador, los puertorriqueños no ven en las autoridades locales, ni en las impuestas por Washington, una guía clara para superar las grandes dificultades que enfrentamos en la economía y en muchos otros órdenes de la vida cotidiana.

Mientras se debatían y digerían los resultados de La Encuesta, se desató otra controversia entre el gobierno y la Junta por el pago del bono de Navidad a los empleados públicos, algo que se veía venir y que quizás se pudo manejar sin llegar a la confrontación. Con el trasfondo que dibuja La Encuesta, esta controversia por el bono navideño se presenta como una advertencia más de que el proceso mismo de Promesa corre el riesgo de desintegrarse en una pluralidad de batallas pequeñas en lugar de concentrarse en sus cuatro objetivos principales: balancear el presupuesto, renegociar la deuda pública, salvaguardar las pensiones en el gobierno y las corporaciones públicas, y recuperar el acceso al crédito.

Se podría argumentar que el proceso sí está progresando en lo que toca a