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El trato a las foráneas debe estar sobre la mesa
El presidente del Senado dice que es una de las áreas que se debe examinar
Published Tuesday, October 9, 2018
by José A. Delgado Robles

Por El Nuevo Día

Thomas Rivera Schatz afirmó que le preocupa que el proyecto de reforma contributiva no haya sido atendido aún por la Cámara baja. (GFR Media) (semisquare-x3)

Washington - La reforma contributiva en Puerto Rico debe considerar “todas las alternativas” que puedan producir mayores recaudos para el gobierno, y ese proceso debe evaluar aumentar la aportación de las empresas foráneas que hacen negocios en la isla, según el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Esa es una”, sostuvo Rivera Schatz, cuando se le preguntó sobre las posibilidades de reexaminar el trato tributario a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) e, incluso, de cambiar el arbitrio sobre las ventas de los productos que manufacturan en la isla, que establece la Ley 154 de 2010, a un impuesto sobre los ingresos.

Para el presidente del Senado, “el diseño debe ir dirigido a que haya un balance real en las aportaciones por concepto de impuestos y contribuciones, de modo que el trabajador asalariado no tenga la carga más fuerte” y que “los sectores empresariales que tienen grandes cantidades de ingresos y exenciones aporten más”.

Hace unos días, la publicación Tax Notes avivó el debate en torno a si el arbitrio que impone la Ley 154 de 2010 sobre las CFC en Puerto Rico debe ser convertido en un impuesto sobre ingresos.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) ha acreditado, por medio de un decreto temporal, el 100% del arbitrio de 4% que pagan las matrices de las CFC por las ventas de sus subsidiarias. Pero el crédito federal al arbitrio que impone Puerto Rico no es permanente.

El arbitrio de la Ley 154 le deja al gobierno de Puerto Rico cerca de $1,800 millones, lo que representa poco más de una quinta parte de sus recaudos.

Si fuese un impuesto sobre ingresos, el cargo que establece la Ley 154 sería claramente deducible en un 80% bajo el llamado “Gilti tax” de la reforma contributiva federal, que impuso un nuevo tributo de 10.5% sobre los activos intangibles o propiedad intelectual