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“Si el gobernador firma el P.S. 218 y lo convierte en ley, ya de por sí es un logro”
Pese a que el senador José Luis Dalmau lo defiende, un experto en auditorías levanta interrogantes
Published Tuesday, July 9, 2019 5:00 am
by Marian Díaz

“Si el gobernador firma el P.S. 218 y lo convierte en ley, ya de por sí es un logro”

Archivo / gfr media
Las auditorías de las PBMs la hacen profesionales que conocen la industria farmacéutica, contratación de redes y la funcionalidad de Medi-Span.

JOSÉ LUIS DALMAU SENADOR Y AUTOR DEL PROYECTO

El proyecto legislativo (P. del S. 218) que busca regular a los administradores de beneficios de farmacias (PBM, por sus siglas en inglés), y que va camino a la firma del gobernador, poco o nada hará para cumplir su objetivo, pues la medida carece de las salvaguardas mínimas requeridas para tal fiscalización, aseveró una fuente con conocimiento de causa que solicitó el anonimato.

La fuente indicó que tanto la Cámara de Representantes como el Senado fallaron en no incluir en la medida que hace obligatoria la auditoría a los PBM. “Esas auditorías están pasadas de que se hayan hecho”, sostuvo, al tiempo que señaló que la Administración de Seguros de Salud (ASES) ha extendido en dos ocasiones los contratos a las empresas de PBM, MC21 y Abarca, en vez de solicitar propuestas nuevas (RFP, por sus siglas en inglés).

Indicó que ASES compra más de $400 millones anuales en productos, y más del 90% de ellos son genéricos. “En los genéricos es más fácil no seguir las prácticas de transparencia. Le pueden cobrar más a ASES y pagarle menos a las farmacias”, afirmó.

“Si ASES auditara los PBM que tiene bajo contrato podría recuperar más de $10 millones, y de ahí saldría el dinero para crear la oficina que hace falta. Cuando regulas, lo que haces es dar las guías de cómo se deben comportar, pero ¿cómo sabes lo que están haciendo, si no las auditas?”, cuestionó la fuente.

Indicó que los $10 millones es si ASES auditara apenas los últimos tres años, y reconoció que la dependencia gubernamental nunca ha auditado al sector, pese a que el gobierno federal se lo ha solicitado durante varios años.