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Exponen los pros y contras del acuerdo para reestructurar Cofina
Published Thursday, January 17, 2019 5:00 am
by Joanisabel González

Por El Nuevo Día

La jueza Laura Taylor Swain escuchó ayer, en el Tribunal Federal de San Juan, las partes a favor y en contra del acuerdo de Cofina.

El acuerdo que dividirá los recaudos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) entre la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el gobierno central, y que a su vez serviría para modificar casi $18,000 millones pagaderos con ese impuesto, no será el mejor en términos económicos, pero es la solución más “razonable” para evitar una batalla legal que duraría años y que podría drenar el poco dinero que le queda al gobierno.

Ese fue el mensaje que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobierno, los agentes que mediaron en la disputa del IVU y bonistas defensores del acuerdo dieron ayer a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain durante el primer día de la audiencia para certificar el plan de ajuste de Cofina bajo el Título III de la ley federal Promesa.

Paul Rosen, abogado de la JSF, dijo a Swain que ninguna de las partes estaba “contenta” con el pacto, pero sostuvo que es “una solución razonable a un problema complejo” y constituye “la piedra angular” para la recuperación de la isla.

Para abonar a su causa, Rosen -socio del bufete Proskauer Rosedestacó que el plan de ajuste de Cofina fue avalado mayoritariamente por todas las clases de acreedores con derecho a votar sobre el acuerdo, incluyendo unos 8,000 bonistas de Cofina residentes de Puerto Rico.

Mientras, Peter Friedman, socio del bufete O’Melveny Myers y asesor legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), dijo que el acuerdo dará una inyección anual -de más de $400 millones- al gobierno, que ayudará a cumplir con la prestación de servicios a la población.

Sobre todo, según Friedman, con el acuerdo, Puerto Rico se libra de lo que podría ser un largo y costoso litigio para definir si los recaudos del IVU pertenecen a Cofina o al gobierno central.

Antes de la defensa de la JSF y la Aafaf al plan de ajuste de Cofina, fruto de más nueve meses de negociaciones secretas, ciudadanos y sindicatos pintaron un cuadro muy distinto