Igual que el Ejecutivo, el liderato legislativo demandó a la Junta de Supervisión Fiscal. (Ramón “Tonito” Zayas)

La demanda de la Asamblea Legislativa contra la Junta de Supervisión Fiscal(JSF) por la implementación del presupuesto avoca a Puerto Rico a un nuevo capítulo de incertidumbre y podría resultar, eventualmente, en un tranque definitivo entre el organismo federal y el gobierno puertorriqueño que forzaría al Congreso estadounidense a enmendar la Ley federal Promesa.

Ayer, alegando es su deber proteger “los intereses del pueblo puertorriqueño”, los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez demandaron al organismo federal, porque este presuntamente usurpa sus poderes.

Se trata de un reclamo similar al que radicó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares la semana pasada, explicó Yesmín Colón Colón, integrante del bufete Emanuelli y coautora de un libro sobre el controversial estatuto federal.

Pero también, dijo Colón Colón, se trata de un nuevo cuestionamiento al rol que juega la JSF, la figura creada por el Congreso estadounidense para renegociar la deuda de la isla y cuyo alcance ahora también es blanco de ataques por parte de los oficiales electos de Puerto Rico.

“Esta es otra evidencia más de que, como hemos dicho desde que se aprobó, Promesa no funciona y el Congreso va a tener que tomar alguna determinación y enmendar la ley”, dijo Colón Colón.

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