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La Ley 80 y nuestro futuro
Published Wednesday, May 30, 2018

Por El Vocero

En los pasados días hemos discutido a la saciedad el resultado del diálogo entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobernador. Muchas personas cuestionan la injerencia de la junta en temas que trastocan nuestro ordenamiento social. Sin embargo, solo pocas enfocan que el problema de la junta es creado por nuestra relación colonial. Si algo ha quedado establecido en todos los foros posibles, en los últimos años, es que nuestro estatus territorial limita la capacidad de la Isla para competir en numerosos renglones para atraer actividad económica y generar empleos.

Algunas personas caen en la inconsistencia de criticar a la junta mientras defienden el estatus territorial de Puerto Rico. A Ricardo Rosselló le tocó gobernar con una junta colonial, sin acceso a los mercados y con la más aguda crisis económica y fiscal que hemos atravesado. La situación actual de Puerto Rico requiere muchas decisiones difíciles y valientes. No hacer ajustes en nuestros gastos y el populismo politiquero nos trajeron a donde estamos hoy.

En el contexto de esa realidad, la junta solicitaba derogar la Ley 80, reducir los días de vacaciones y enfermedad en el sector privado y eliminar el bono de Navidad a los empleados públicos y privados. Luego de semanas de negociación, el gobernador logró sacar de la mesa la eliminación del bono de Navidad y la reducción de los días de enfermedad y vacaciones. Ello, unido a la asignación de cerca de $350 millones para nuestro desarrollo económico y ayudas adicionales a la UPR y a los municipios. Esto es, se logró eliminar las medidas más lesivas a nuestros trabajadores y solo se mantuvo la exigencia para derogar la Ley 80. 

En 49 de 50 estados de la nación, el sistema que rige es el “employment at-will” y la Ley 80 supone una cortapisa a nuestros niveles de competitividad. La Ley 80, que solo ofrece un pago de mesada ante un despido injustificado no cubierto por otra ley, impide que Puerto Rico compita con otras jurisdicciones de los Estados Unidos y del mundo.

Para este acuerdo, derogar la limitación que presenta la Ley 80 nos permitirá competir para atraer actividad económica y eliminar la posibilidad de que la junta y los tribunales impongan las demás medidas que tendrían un impacto desproporcional en nuestra clase trabajadora. Este es un gran acuerdo, aunque la discusión por algunos ha estado rodeada de oportunismo político que pretende hacerle creer al trabajador que en la Isla se perderán las protecciones laborales que no guardan ninguna

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